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La situación es ya insostenible. A comienzos del siglo XXI los desequilibrios entre la España periférica y urbana y la España Rural Interior -que abarca vastos territorios despoblados sobre todo en las provincias interiores- no hacen sino acentuarse. La primera es rica, poblada y en progresión, pero con déficit de recursos hídricos, alimentarios, energéticos e incluso de territorio; la segunda tiene estos recursos pero languidece en una caída demográfica irreversible, como ponen de relieve algunos datos:
- La densidad de población de más de un 13% del territorio español se sitúa en el umbral del desierto demográfico, y algunos no llegan a los 2 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra sólo comparable con Laponia o Siberia.
- En las últimas décadas, 22 provincias españolas han sufrido una fuerte pérdida de población rural y en los próximos quince años muchas de ellas todavía perderán casi el 20% de su población actual.
- España corre el riesgo de perder en menos de diez años una superficie de producción agroalimentaria equivalente a la mitad de un país como Bélgica por el abandono de las tierras.
La despoblación de buena parte de la España Rural Interior, unida al envejecimiento compone un cuadro descorazonador al que se suma el déficit de infraestructuras y de servicios que hipotecan para siempre su desarrollo y condenan a sus resistentes pobladores a la agonía silenciosa o la emigración. La situación representa, además, un problema ecológico de primer orden que se traduce en fenómenos como la creciente recurrencia y virulencia de los incendios forestales; esta situación activa, además, desde el punto de vista del interés nacional, una peligrosa vulnerabilidad en sectores estratégicos como la producción de alimentos o de energía, por no hablar de la cada vez más débil conservación del territorio en sus aspectos de proveedor de recursos esenciales como el aire y el agua de calidad.
Ante esta situación de extrema gravedad de una buena parte del territorio nacional, es urgente declararla una cuestión de Estado e implementar medidas con celeridad en todos los frentes: legislativo, administrativo, económico, social y cultural. En los últimos tiempos todo el mundo parece rasgarse las vestiduras ante esta problemática rural, sucediéndose declaraciones, propósitos y promesas. Palabras que nos son nuevas, inflación verbal que puede rastrearse en las hemerotecas de las dos últimas décadas.
Para que todo este movimiento no quede, una vez más, en gestos inocuos, se requiere un diagnóstico certero seguido de las soluciones oportunas y cada vez más urgentes.
Las causas del declive acelerado de la España Rural Interior no son consecuencia de inexorables fuerzas o del destino: son causas políticas y están identificadas a partir del éxodo rural iniciado a finales de los años cincuenta y sostenido en el régimen democrático. Fue el Estado franquista quien propició una serie de políticas desequilibradoras en beneficio de la España urbana y de la periferia sacrificando el interior rural, condenándolo al estancamiento y vampirizando su recurso más valioso: su gente. Las administraciones democráticas –estatal, autonómica, provincial y local- tampoco han hecho lo suficiente para paliar esa tendencia que, en algunos casos, se ha acentuado incluso. Entre los intentos más logrados por solventar el problema está la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, aprobada en 2007 pero no aplicada ni convenientemente desarrollada. Hoy, pese a estar vigente, languidece en el limbo sin haber sido aplicada en ningún momento.
Urge reactivar la citada ley, mejorarla, desarrollarla con los decretos adecuados y dotarla de los fondos necesarios. Allí quedan certeramente radiografiados los problemas, reconocida la situación excepcional de la España Rural Interior y apuntadas las soluciones, incluyendo una gestión comarcalizada de los recursos que se adivina muy adecuada a la realidad territorial a la que se refiere.
En consecuencia, los firmantes de esta declaración instamos al gobierno español y a todas las administraciones competentes en la materia a activar soluciones que deberían pasar, al menos, por los siguientes puntos:
- Declarar urgentemente “cuestión de Estado” la agonía de la España Rural Interior, manifestada en una inquietante sintomatología: despoblación, envejecimiento y marginalidad de servicios.
- Reactivar y desarrollar de inmediato la Ley 45/07 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (y su Real Decreto 752/2010), dotándoles de todos los medios necesarios.
- Implementar las políticas e inversiones necesarias para revertir esas situaciones apostando por el desarrollo sostenible y continuado de la España Rural Interior (discriminación territorial positiva) con el fin de romper con la tendencia desequilibradora en favor de los ámbitos urbanos y periféricos hasta ahora beneficiados de su sacrificio.
La Asociación de Amigos de la Celtiberia como promotora, alineada con las asociaciones ciudadanas y los habitantes de la España Rural Interior, solicita la adhesión de intelectuales, creadores y artistas, profesionales de relieve, asociaciones, entidades, colectivos y de toda la ciudadanía a esta declaración para visibilizar en nuestra sociedad esta problemática.
